¿Un caramelo envenenado?

La alcaldesa del Puerto de la Cruz, Dolores Padrón, anunció, recientemente, a bombo y que el Estado concede al ayuntamiento un préstamo de 6 millones de euros, al 0,5% de interés, a amortizar en 15 años, con un período de carencia de cinco, para financiar la ejecución del proyecto de ciudad deportiva, que desde el año 2000 se prevé construir en el sector de San Felipe-El Tejar. Sin duda se trata de una buena noticia para el Puerto de la Cruz por que esta iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno central facilitará el desbloqueo de un ambicioso plan de dotación de infraestructuras y equipamientos deportivos de primer orden, con el valor añadido de la componente de reclamo turístico. Resulta realmente llamativo que este anuncio se produzca cuando el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE) está en funciones o en transición hasta que se constituya el nuevo ejecutivo que resulte de los acuerdos postelectorales entre el partido más votado y sus eventuales socios. Esta circunstancia me permite poner en duda su efectividad, salvo que sea lo suficientemente sólida como para no ser revocada por la nueva administración. Simplemente, me atrevo a sugerir una posibilidad, y espero no estar en lo cierto. El Gobierno socialista lejos de ayudar efectivamente al Puerto de la Cruz, si se apresta a propiciar un mayor endeudamiento de las arcas municipales con el ofrecimiento de un crédito a amortizar en 20 años como máximo, eso sí con un tipo de interés del 0,5%. Con este escenario, difícilmente, el ayuntamiento podrá cumplir sus expectativas de saneamiento económico y financiero y salir del túnel que ya había empezado a cruzar con la deuda a medio y largo plazo. Claro está que la ciudad deportiva es un recurso indispensable para la reactivación del Puerto de la Cruz, y para acometer los ansiados proyectos de parque marítimo y puerto deportivo, ya que sin el desalojo de la trama urbana costera definida por El Peñón, no será posible su realización, y ya se han malgastado ocho años desde equipo de gobierno presidido por el alcalde socialista Salvador García Llanos, presentó al pleno del ayuntamiento de la ciudad turística el proyecto de ciudad deportiva y se planteó un debate sobre la idea de la concesión demanial. Puesto a pecar de maximalista, hubiera peleado ante el Gobierno del Estado por el crédito a fondo perdido, apelando a la delicada situación general de la administración local y del municipio, o hubiera gestionado la captación de inversiones del sector privado, pero no ahora, sino desde enero de 2000, independientemente de las implicaciones jurídicas o burocráticas.